Días atrás el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté se reunió con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, para plantearle su preocupación acerca del dinero que desde el gobierno nacional se enviará a la Intendencia de Canelones (IDC) para que reparta entre los municipios del departamento. Los recursos destinados al tercer nivel de gobierno son regulados a través de cuatro literales establecidos por la OPP, pero uno de ellos, el literal B, ha causado controversia. Se trata de una partida del gobierno nacional que se destina a los 125 municipios del país y que toma en cuenta indicadores como densidad de población, extensión territorial y vulnerabilidad, para fijar el monto.
En Canelones, el 100% de esa partida es recibida por la IDC, la cual deriva el 30% a los municipios. El 70% restante lo retiene y, según un acuerdo de gestión firmado entre los alcaldes y la comuna, lo vuelca en los municipios de forma indirecta, con obras de caminería y alumbrado, por ejemplo. Ese acuerdo es el que preocupa a algunos alcaldes y concejales canarios, que junto con la lista 400 de Canelones, a través del diputado Lereté expresaron su disconformidad en un comunicado que será difundido los próximos días. “Existe preocupación en el tercer nivel de gobierno por los recursos que fueron votados en el presupuesto nacional y quizás puedan registrar una suerte de retaceo” desde la administración del intendente Yamandú Orsi, dice el documento, al que accedió Búsqueda.
En el comunicado el diputado Lereté sostiene que “detectó un clima de preocupación e incertidumbre” en cuanto a los recursos que realmente llegarán a destino desde el gobierno nacional hacia los municipios, al denunciar una “suerte de peaje realizado por la intendencia”. “En 2015, cuando se les hizo firmar el compromiso de gestión a los alcaldes, nunca se los consultó ni se les preguntó si estaban de acuerdo, fue un imposición. No hubo negociación”, asegura el legislador. Y agrega: “El literal B debe ser entregado en su totalidad a los municipios o al menos negociar un reparto equitativo, ya que el intendente tiene otras ventanillas de ingreso de dinero”.
Otro problema que se presenta y “es clave para los alcaldes y concejales” es el seguimiento de las obras y la rendición de cuentas que debe realizar la intendencia, sostiene el documento. “En el período pasado se recibieron muy pocas rendiciones de cuentas y seguimientos de las obras en algunos municipios. Debe quedar por escrito que mensualmente la intendencia enviará a los municipios la información detallada”, afirma el diputado.
En el comunicado también se denuncia que recientemente varios alcaldes de Canelones recibieron facturas “con abultadas cifras de combustible y fletes” para firmar (a los efectos de que la IDC cobrara ese dinero) en el marco de los compromisos de gestión firmados en 2015. Y también que los alcaldes detectaron un sobrecosto en una gran cantidad de artículos. Al respecto, el exconcejal y exalcalde interino de Tala, Leonardo Castro, del Partido Nacional, quien desempeñó funciones en la administración anterior, dijo a Búsqueda que la situación “no es justa, ya que los municipios no tienen cómo hacer un seguimiento y poder verificar que ese 70% que la intendencia maneja realmente sea destinado a un municipio”.
“Los gobiernos locales tienen que firmar un documento afirmando que las obras se llevan adelante en tiempo y forma, pero no cuentan con personal técnico ni inspectivo para controlar cómo se ejecuta ese fondo”, explicó. Según Castro, lo que buscan es que esa política sea modificada en este período de gobierno, ya que hasta la administración pasada “a los alcaldes no les quedaba claro cómo decidía la intendencia gastar ese dinero”.
«Todos de acuerdo»
Consultado por Búsqueda, el director general de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación de la IDC, Ruben Moreno (quien se desempeñó como alcalde de Colonia Nicolich hasta el período pasado), dijo que hoy los alcaldes y concejales de todos los partidos “están de acuerdo” con el literal B, aunque reconoció que es “necesario ajustar algunos aspectos”. “Hay que mejorar el tema del seguimiento, mejorar la información y la certificación de las obras. Si bien se les hace un informe anual a los municipios, habría que implementar un parte diario sobre las obras que se hacen en el territorio”, indicó. Moreno no estuvo de acuerdo con el concepto de “peaje”, ya que aseguró que se trata de un acuerdo y no se obliga a los municipios a ceder el 70% del presupuesto. Lo que ocurre, explicó, es que esta modalidad “es conveniente” para los gobiernos locales porque tienen los recursos suficientes para llevar adelante obras de mantenimiento por su cuenta. “Todos firmamos en el período pasado porque nos convenía y la idea es que se vuelva a repetir porque dio muy buen resultado”, sostuvo el jerarca.
El documento también critica que la IDC pretende que las cooperativas dedicadas a limpieza y mantenimiento de espacios públicos sean solventadas con recursos municipales y no departamentales, como lo fueron hasta el anterior quinquenio. “Es la gota que derramó el vaso. Este rubro durante cinco años lo abonó la intendencia y ahora la administración de Orsi se lo quiere endosar a los municipios. Doble perjuicio: les retira un 44% de recursos para poder usarlos en otras obras locales y les impide contratar a gente de la zona”, afirmó el legislador. Moreno sostuvo que se trata solamente de “una redistribución del dinero”. Lereté dijo a Búsqueda que pedirá la intervención de la OPP, ya que asegura que los municipios se encuentran en “una posición de total desigualdad” al no tener la capacidad de establecer una negociación justa. Lo que la lista 400 pretende, agregó, es que “se genere una mesa de diálogo tripartita” a los efectos de encontrar un punto de equilibrio y evitar inequidades. De los 30 municipios que hay en el departamento, nueve fueron ganados por el Partido Nacional en la última elección y las restantes 21 son frenteamplistas.
Modificación
El pasado jueves la OPP aprobó un nuevo reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal. Según informó el portal Agesor, el literal B tuvo una modificación y para que sea ejecutado será necesario “generar una cartera de proyectos y convenir con la intendencia un compromiso de la inversión”. “El mismo se liquidará por avance de obra o rendición de cuenta”, publicó el medio. Según Lereté, los cambios son producto de las “anomalías detectadas en el funcionamiento del literal B en el pasado gobierno de Canelones”.
