La Junta Departamental de Canelones dio luz verde a un marco normativo que regula el funcionamiento de vehículos privados que prestan servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones digitales. La aprobación se produjo en una sesión marcada por cruces y momentos de tensión, tanto dentro del recinto como en las barras.
El decreto, que habilita a la Intendencia de Canelones a otorgar permisos a este tipo de servicios —entre ellos Uber, operativa en Montevideo desde 2015 y también presente en Maldonado—, fue aprobado por 18 votos en favor y 13 en contra. La iniciativa introduce exigencias tanto para los conductores como para las empresas que intermedian mediante plataformas electrónicas.
Uno de los artículos centrales establece que los permisos otorgados a los vehículos tendrán carácter precario y podrán ser revocados por la comuna. La condición de titular deberá surgir de los registros oficiales correspondientes, ya sea del Registro de la Propiedad Automotor o del sistema de la Intendencia, según lo que determine la reglamentación.
En materia económica, la normativa fija que la Intendencia percibirá 0,45 Unidades Indexadas por cada kilómetro recorrido. De acuerdo con estimaciones oficiales, un conductor que complete 500 kilómetros en una jornada deberá abonar alrededor de $1.450. Esos fondos se destinarán íntegramente a un nuevo Fondo para la mejora del Transporte Público de Pasajeros del departamento. Además, se dispone que todas las transacciones se realicen exclusivamente por medios electrónicos.
El texto aprobado también habilita al gobierno departamental a definir cupos para el otorgamiento de licencias, así como a establecer tarifas mínimas y realizar ajustes cuando lo considere necesario, facultades que quedarán detalladas en la reglamentación posterior.
Durante la sesión, representantes de la gremial del taxi de Canelones siguieron el debate desde las barras y expresaron su rechazo a la aprobación del decreto con gritos e intercambios con los ediles. La situación obligó a la intervención reiterada del presidente de la Junta para mantener el orden, aunque finalmente no se dispuso el desalojo del público.
Exigencias para conductores y vehículos
La normativa impone una serie de obligaciones a quienes presten el servicio como conductores, entre ellas contar con licencia de conducir categoría E expedida por la Intendencia de Canelones, carnet de salud vigente, certificados de antecedentes judiciales y de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. También deberán aceptar únicamente viajes gestionados a través de plataformas habilitadas, cumplir con la normativa fiscal y laboral, permitir el traslado de perros guía y respetar límites estrictos de horas de conducción.
Asimismo, se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y fumar o consumir alimentos durante la prestación del servicio, una restricción que alcanza también a los pasajeros. Los conductores podrán rechazar viajes que representen un riesgo para su seguridad o la del vehículo, o cuando el pasajero no reúna condiciones mínimas de higiene, sin que ello pueda derivar en sanciones arbitrarias por parte de la plataforma.
En cuanto a los vehículos, el decreto establece una antigüedad máxima de siete años desde su primer empadronamiento —extendida a diez en el caso de los eléctricos—, matrícula departamental diferencial, capacidad para un máximo de cinco personas y condiciones técnicas específicas, que incluyen dimensiones mínimas, capacidad de baúl y motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos. También será obligatoria una inspección técnica anual a partir del tercer año de empadronamiento.
Con esta decisión, Canelones se suma a otros departamentos que avanzaron en la regulación del transporte por aplicaciones, en un contexto de debate persistente sobre su impacto en el sistema tradicional y en la movilidad urbana.
