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*Entrevistamos a Julio Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que entregó un documento a los partidos políticos, que incluye la pobreza infantil, la seguridad, el crimen organizado, cárceles, entre otros temas.

Escuchá la entrevista:

Aquí el documento Pacto por la Patria:

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, fiel a su misión, impuesta por su estatuto y reafirmada a lo largo de 157 años, invita a los Sres. Candidatos o Precandidatos a Presidente de la Nación en las próximas elecciones a suscribir el siguiente Hacer los máximos esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de nuestra Democracia, evitando que la política se rebaje a una seguidilla interminable de acusaciones y rencillas. Enaltecer el diálogo y la oposición responsable por sobre los enfrentamientos y el obstruccionismo estéril y paralizante. Priorizar el fortalecimiento de las instituciones por encima de todo cálculo político. Fortalecer el prestigio del Poder Legislativo, cuidando el nivel de la producción y la profusión de leyes, así como el rol de la justicia, priorizando el nivel técnico de sus integrantes y preservando su autonomía frente a los avatares de la política. Priorizar aspectos fundamentales de la vida del país y hacer los máximos esfuerzos para alcanzar los acuerdos necesarios a su efectiviza

Entre aquellos:

La seguridad, con especial atención al combate del crimen organizado y a la situación del sistema penitenciario.

El combate a la pobreza y a la marginalidad, con particular énfasis en la niñez, procurando articular el abordaje a sus componentes: salud, apoyo a la familia y formación, dando participación a iniciativas privadas de probada experiencia, para colaborar con el Estado.

Modernizar el Estado, en un marco de subsidiariedad y de dedicación exclusiva al servicio de la sociedad.

El control de la carga tributaria y del peso del gasto público, comprometiendo no aumentarlos, sino, por el contrario, diseñar una política nacional, de mediano y largo plazo, para la efectiva reducción de ambos. Esto debe incluir una revisión a fondo de las actividades que el Estado realiza y-o regula, a todos sus niveles, identificando todo aquello que resulta innecesario o excesivo.

Poner el foco en la formación de nuestros niños y jóvenes, con ánimo constructivo, en carriles de libertad y transparencia, evitando caer en enfrentamientos ideológicos o corporativos que enrarecen el clima y obstaculizan la tarea. Incluir en los lineamientos básicos del tema, la atención al mundo en que deberán vivir nuestros jóvenes.

Asistir la labor formativa con una ubicación realista de la institucionalidad y del rol de los actores en la misma, que incluya la laicidad (también política e ideológica), la responsabilidad, tanto política como institucional, de los órganos responsables, la descentralización administrativa y el respeto jurídico por los roles que correspondan a la vida de los distintos actores y la acoten.

Encarar la realidad del trabajo con una óptica amplia, positiva y moderna que, sin desproteger a los actores, ambiente las negociaciones laborales en un clima de mayor entendimiento, guardando las confrontaciones para cuando no existan otros caminos de solución.

Incluir en este enfoque una revisión de la estructura de los actuales Consejos de Salarios, adaptándolos a la realidad. Ella debe incluir descentralizar y desregular el mecanismo, así como el modernizar ciertas normas labores y sindicales, procurando evitar limitaciones injustificadas a la libertad de trabajo.

Abordar la actividad económica de la sociedad apuntando a la mayor apertura posible, a evitar distorsiones regulatorias y a procurar un tratamiento equilibrado entre sectores y actores. Para lo cual, limitar las medidas de protección y los subsidios a casos de necesidad comprobada y entonces, hacerlo de forma explícita, acotada y cuantificada.

Hay consenso de que somos un país caro, pero no así con referencia a las causas del fenómeno. Ellas exceden el ámbito del reclamo clásico, referido a la política cambiaria. Incluyen factores como los altos costos tributarios y regulatorios. Se impone analizarlos, potenciado por la preocupación, poniendo el foco en la estructura tributaria (incluyendo gravámenes a la mano de obra) y en el universo de regulaciones a la importación y al comercio, que animan situaciones injustificadas de proteccionismo.

Promover la creación de valor y trabajo innovador por parte de las micro y pequeñas empresas, facilitando su formación y desarrollo.

Atender las brechas de género e inclusión en los sectores productivos fomentando la más plural y diversa participación de las personas, contemplando acciones afirmativas donde sean necesarias, así como profundizar el sistema de cuidados y los mecanismos de prevención de la violencia de género.

Tratar la cuestión ambiental con la relevancia adecuada promoviendo e implementando políticas públicas integrales sobre la conservación de recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la transición hacia una economía verde y sostenible. Asimismo, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y garantizar el acceso a la información y a la justicia en estos asuntos.

Todo esto debe ir sólidamente enmarcado en una política macroeconómica que cuide primordialmente la estabilidad, empezando por los precios, el equilibrio fiscal y la reducción de los niveles de endeudamiento. Lo anterior no agota la sumatoria de desafíos que enfrenta el país y que los candidatos deben estar dispuestos a encarar, sin subterfugios, pero constituye las bases para alcanzar el Uruguay que todos queremos, para nosotros y también nuestros descendientes.