La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, participó el pasado martes del ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay, que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con una exposición centrada en los desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a 18 años de su creación. Durante su disertación, propuso diez líneas de acción prioritarias para el quinquenio y reclamó que el país avance hacia una política sanitaria basada en la equidad, la sostenibilidad y la innovación.
Al inicio del evento, la ministra explicó que la exposición estaría basada en “la salud como eje del desarrollo del país”, y remarcó que la concepción de salud que promueveno está conformada solamente por los servicios del sistema, sino por las determinantes sociales y ambientales, como la vivienda, el trabajo, la educación, la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna y con calidad de vida.
Lustemberg defendió el enfoque intersectorial como condición indispensable para construir salud y aseguró que se trata de un eje de trabajo que les encomendó el presidente Yamandú Orsi.
En otro pasaje de su disertación, la ministra compartió con los asistentes algunos datos que consideró “importantes” en el contexto actual, destacando la problemática de la pobreza infantil. “Nos tiene que doler que el 20% de los niños y niñas de nuestro país vivan y crezcan por debajo de la línea de pobreza. Si a eso le sumamos la última evaluación de pobreza multidimensional, es el 37% de los niños, niñas y adolescentes que está por debajo de la línea de pobreza”, alertó.
En esa línea, cuestionó las desigualdades territoriales y la brecha en los indicadores de salud infantil entre distintas zonas del país. “Tenemos zonas con indicadores de mortalidad infantil similares a Dinamarca y Japón, y otras con indicadores de países subdesarrollados. Eso no puede seguir pasando en la capital del país”.
Prioridades
La jerarca presentó un conjunto de prioridades estratégicas del ministerio, entre ellas la mejora de los tiempos de espera, la calidad de la atención, la disponibilidad de medicamentos y la integración entre prestadores públicos y privados. En tal sentido, lamentó que hoy haya “30.000 pacientes en espera para ser abordados por un equipo de salud mental en ASSE” y “300 niños y adolescentes esperando una intervención oftalmológica en el hospital Pereira Rossell”. Para resolver este último caso, adelantó que ASSE y el Hospital de Clínicas pondrán en marcha un operativo conjunto a corto plazo.
“El tiempo de espera para todas las especialidades, estudios y tratamientos es preocupante, pero la atención de problemas de salud mental es absolutamente crítica”, señaló. Y agregó: “Me niego a naturalizar eso y a justificarlo por diferentes causas. Hemos puesto prioridad en este tema”.
También se refirió a la política antitabaco como un eje prioritario del gobierno, haciendo hincapié en que, “en el Uruguay fallecen 6500 personas por año vinculadas al consumo de tabaco”, lo queequivale a 18 muertes diarias atribuibles a este factor de riesgo.
La ministra también propuso consolidar una política de innovación e investigación que impulse el desarrollo de tecnologías sanitarias nacionales con capacidad exportadora. Para eso, planteó la creación de una agencia regulatoria nacional, iniciativa que está incluida en el proyecto de ley de presupuesto: “Queremos impulsar la industria nacional y la posibilidad de que las empresas productoras de tecnologías sanitarias puedan exportar sus productos certificados en el país”.
Durante la presentación, Lustemberg destacó que el gasto público en salud en Uruguay representa el 9,13% del PIB y que el país supera el umbral del 6% recomendado por la OMS, lo que considera “un gasto razonable y adecuado”. Sin embargo, advirtió que cerca de 300 prestaciones y medicamentos no se encuentran regulados por el Estado, lo que genera inequidades: “Nos preocupa el gasto que hoy tienen los ciudadanos en medicamentos, estudios y tratamientos cuyo precio no está regulado por no estar en el plan integral de atención a la salud o en el formulario terapéutico”.
Por otro lado, reafirmó el compromiso del gobierno con una política de salud que combine eficiencia, equidad y participación social. Reclamó mayor coordinación entre prestadores, especialmente en zonas del interior, y criticó que “no puede haber en una localidad de 15.000 habitantes cinco prestadores que no se complementen entre sí”.
Además, expresó su preocupación por el fenómeno creciente de judicialización de medicamentos de alto costo, que en 2023 insumió casi 150 millones de dólares, aunque aclaró que no pretende negar el derecho de prescripción médica ni el de los pacientes a recurrir a la vía judicial: “Tenemos que buscar entre todos la forma de contener esta escalada”.
En otro tramo de la disertación, Lustemberg insistió en la desigualdad persistente en el acceso a servicios, especialmente en salud mental, donde los usuarios de ASSE y los afiliados a las instituciones de asistencia médica colectiva enfrentan brechas significativas. “La coordinación necesaria que precisamos –dijo– está ligada a lograr equidad en el acceso a los servicios”. Puso énfasis en procedimientos no incluidos en los catálogos regulados: “Estamos hablando que la analgesia del parto no está disponible, que los coagulantes orales no están cubiertos, y que la cirugía laparoscópica, más segura y rápida —como en el caso de apendicitis— requiere pagos adicionales por parte de los pacientes”.
Destacó las barreras económicas generadas por la falta de inclusión de procedimientos y medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Formulario Terapéutico del MEPYS, lo que revista un elevado costo para quienes deben acceder a tratamientos de alto costo. “Eso incrementa los gastos de bolsillo y genera inequidad”, subrayó.
Asimismo, enfatizó en la urgencia de atender a la primera infancia y advirtió que no bastan políticas pronatalistas. “Tenemos 29.980 niños nacidos recientemente en Uruguay”, afirmó, y añadió que cuidar a esos niños implica atender desigualdades que duelen. Anunció que la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia ya fue aprobada por el Parlamento y se encuentra en proceso de reglamentación, con participación interpartidaria y compromiso de todos los partidos políticos.
Al cierre de su intervención, la ministra advirtió que la salud “no se construye en soledad, sino con equipos, trabajando con responsabilidad y sensibilidad”. “Cuando hablo de estos temas me duele como política… cada persona que fallece en este país me duele y la siento como cercana, y me niego a quecuando una está en estos lugares, para demostrar capacidad y dureza, tenga que ocultar la sensibilidad y el dolor”, expresó.
A su vez, reafirmó su política de puertas abiertas: “Vamos a tener siempre una escucha profunda. El Uruguay tiene un capital de talentos, y ese talento tiene que ser en función del bien más preciado”.
Finalmente, aseguró que el ministerio llevará adelante una política de puertas abiertas: el ministerio se apoya en el diálogo y la humildad: “Confiamos en que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo… cada uno de nosotros, desde donde estemos, es parte de esa transformación para dejar un Uruguay mejor para quienes vengan después”.