El Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz indicó que se la fiscalía esta investigando a casas de venta de repuestos que participarían del mercado de autopartes alimentado por vehículos hurtados. La ex esposa del fiscal fue asesinada para robarle su auto y según dijo Díaz fueron delincuentes que se dedican a este mercado. El fiscal indicó que se debe ir también tras quienes compran esas autopartes que en definitiva son quienes justifican su accionar. En 2015 en Uruguay se hurtaron 17.400 vehículos.
Esto fue dado a conocer en una nueva mesa redonda de Reflexiones Canarias, donde también se debatió sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal, su impacto en la seguridad y en la vida cotidiana de los ciudadanos. El Intendente de Canelones Yamandú Orsi, ofició de moderador. Además se Díaz participó del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique.
“El 90% de lo delitos contra la propiedad pasan porque haya alguien que compra lo robado. El 90% de los vehículos robados son para un mercado de vehículos usados o autopartes. Nosotros investigamos en la Fiscalía y llegamos a la conclusión que hay repuestos de dos marcas de vehículos que hace 15 años que no se importan en el país, según nos dijo Aduanas y sin embargo hay casas de repuestos que los venden”, dijo Díaz.
El fiscal dijo que se trata de contrabando o que son abastecidas por autopartes de vehículos hurtados. “Este tipo de investigaciones no se ha hecho nunca en Uruguay”, afirmó Díaz dijo que hay que ir con el que esta detrás no solo contra el delincuente que comete el hurto. “Es un mercado ilícito que hay y que no lo estamos investigando”, sentenció el fiscal. “Desgraciadamente a mi familia le tocó vivir un hecho grave a principio de este año. Ese hecho no se pudo aclarar a través de un CSI, de una bala, no, a través de la investigación de un mercado ilícito de compra de autopartes de motos”, explicó.

Delitos ambientales

En el evento, Díaz y Pérez Manrique coincidieron en la necesidad de que haya una mayor regulación en cuanto a delitos ambientales. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que en ese rubro «el Estado directamente no está. El estado lo que tiene es una serie de ramas administrativas que permiten aplicar determinadas sanciones y que no cumplen la función real preventiva para que no se vulva a cometer”, dijo Pérez Manrique.
Díaz por su parte contó que la fiscalía esta colaborando y formó una comisión ara aportar puntos de vista a la comisión parlamentaria que estudia varios proyectos de Ley sobre delitos ambientales.
Díaz, habló sobre la repercusión que tendrá este nuevo Código de Procedimiento Penal en la vida de los ciudadanos. Aseguró que para las víctimas va a cambiar sustancialmente el proceso, ya que van a poder formar parte del mismo, así como también va a repercutir en el victimario, ya que a partir del próximo año pasarán a ser juzgados por un juez imparcial en un juicio oral y público, como también van a poder hacer acuerdos y establecer alguna salida alternativa.
Además indicó que este nuevo código va a repercutir en el ciudadano común, quien podrá presenciar el juicio oral y público, “lo que transparentará el proceso».