Luego del último hallazgo de restos de desaparecidos en dictadura en el Batallón 14 de Toledo, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, dijo en rueda de prensa: “Yo no sé si este predio tendría que pertenecer a las Fuerzas Armadas, quizá debería pasar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para que tenga total libertad de trabajar”.
Luego aclaró que habalaba a título personal e indicó: “Desde lo personal, estoy convencido que el Batallón 14 debe pasar a ser un centro de memoria, un sitio de otras características, para seguir trabajando y cultivando memoria. El INDDHH sigue teniendo un rol importante para jugar” destacó el intendente.
Luego en la página web de la revista Caras y Caretas se publicó un comunicado del Bando Militar N° 21 del Grupo Patria o Muerte que expresaba: «También le decimos a todos los zurdos corruptos de la Intendencia de Canelones y a los políticos profesionales, que no vamos a ceder ni un palmo del BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, si quieren guerra la van a tener y esta vez no tomamos prisioneros». Y agregaba: «Ahora “plantan” unos huesos en nuestro querido BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, amparados por la facilidad que les dio el cobarde de Gerardo Fregossi, que mandó a sacar las cámaras que vigilaban a estos zurdos, dejando así el camino libre para que siga el curro de las pensiones que se llevan los “familiares”».
Tras esta amenaza la Intendencia de Canelones presentó ante la Fiscalía Letrada Departamental de Toledo una denuncia judicial por difamación y amenazas.
“Se difama y se adjudican graves delitos a autoridades de la Intendencia de Canelones, al mismo tiempo que se le infieren diversas amenazas, en el marco del reciente hallazgo de restos humanos en el Batallón 14”, expresó la Comuna Canaria en un comunicado.
La denuncia
El propio intendente canario Marcelo Metediera, presentó la denuncia por amenazas, difamaciones e injurias para “salvaguardar la integridad de la Intendencia y sus representantes».
La denuncia es «a los efectos que la justicia tome conocimiento de la situación e inicie los procedimientos judiciales correspondientes que salvaguarden la integridad de la Intendencia y sus representantes».
«La lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente en Uruguay, así como el trabajo por memoria, verdad y justicia que realiza la Intendencia de Canelones es una política pública prioritaria para esta administración», afirma la comuna en el comunicado.
«La Intendencia no admitirá ninguna acción que implique un riesgo para la democracia y el pleno funcionamiento del estado de Derecho, capital fundamental con el que cuenta hoy no solo la población del departamento de Canelones, sino todo el Uruguay», agrega.
En el comunicado, la Intendencia «reafirma su compromiso y asume con responsabilidad la obligación de tomar las acciones correspondientes para que, dentro de sus competencias, el Estado uruguayo avance en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, manteniendo su acuerdo de trabajo con la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y colaborando en cada una de las solicitudes que le sean requeridas en este marco».
