En una enfática intervención en la Junta Departamental de Canelones, la edila frenteamplista Fernanda Ortiz alertó sobre la falta de recursos y coordinación interinstitucional para abordar el consumo problemático de drogas en el departamento. Ortiz denunció la ausencia de actores clave durante el quinquenio anterior y llamó al Gobierno Nacional a fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, tratamiento y acompañamiento.
“El consumo de drogas no distingue clase social ni ambiente. Es una realidad que golpea por igual a todos los rincones del departamento”, afirmó Ortiz ante el cuerpo legislativo. Su intervención, basada en su experiencia como participante activa de la Junta Departamental de Drogas, puso de relieve carencias tanto presupuestales como operativas.
Falta de participación y recursos
La edila detalló que, durante el período anterior, instituciones como el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el MIDES no participaron de manera efectiva en la Junta Departamental de Drogas, lo que dificultó la coordinación y la implementación de políticas territoriales. “ASSE no asistió a ninguna reunión en cinco años”, subrayó Ortiz, remarcando la gravedad de la omisión.
Entre los recursos disponibles, se destacó el Dispositivo Ciudadela, que operó en Las Piedras como puerta de entrada para la atención, con limitadas horas técnicas. Sin embargo, una propuesta clave —replicar el dispositivo en Ciudad de la Costa— no se concretó durante todo el quinquenio, pese a la insistencia de autoridades locales.
Otro intento de acercar atención fue a través de una unidad móvil de atención con presencia médica, social y policial. En Las Piedras, sin embargo, el dispositivo no logró un solo contacto en seis meses, lo que, según Ortiz, se explica por el grado de cercanía entre vecinos, lo que inhibe a las personas a consultar en público.
Prevención con presupuesto insuficiente
Ortiz también cuestionó el bajo presupuesto asignado al departamento: de $300.000 anuales, que luego fue reducido a $200.000, y que nunca llegó a ejecutarse del todo. “Era un monto muy escaso, pero ni siquiera se definió cómo utilizarlo para prevención”, lamentó.
A su vez, destacó el programa Familias Fuertes, enfocado en adolescentes y relaciones familiares, pero criticó su sesgo de acceso: al requerir facturas de ANTEL o UTE para participar, muchas familias vulnerables quedaron excluidas.
Llamado al gobierno y reclamo de equidad
Finalmente, Ortiz dirigió un llamado directo a las autoridades nacionales. “Somos 520.000 canarios y canarias. Se necesita presupuesto y recursos humanos. No alcanza con el Portal Amarillo”, afirmó, en referencia al principal centro estatal de atención a adicciones. Insistió en la necesidad de más dispositivos de ingreso, seguimiento posterior al tratamiento y un enfoque preventivo más sólido.
La edila solicitó que sus palabras fueran enviadas a todas las autoridades nacionales y departamentales involucradas en la política de drogas, así como a la prensa acreditada, subrayando la necesidad de un compromiso real y coordinado.
“Tenemos todo para trabajar mancomunadamente. Solo falta la voluntad política”, concluyó.
