Equiparación temporal de beneficios con los comercios eventualmente afectados, compromiso de responsabilidad social empresarial con la ciudad donde se instala, estudios técnicos específicos de análisis de la demanda, medición y seguimiento para que la mano de obra prometida se concrete, igualdad de condiciones de calles e iluminación que las que accede el nuevo emprendimiento, son algunos de los principales puntos que trabaja la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa para proponer en la mesa de negociación, que se instalará con autoridades del vértice productivo de la Intendencia de Canelones, informó a Metropolitano la secretaria de la gremial local, Margarita Soria.
El objetivo es analizar la política de promoción de instalación de grandes superficies y proponer mecanismos de interés para nuestra ciudad y el comercio local en particular.
En agenda
Consultada sobre cómo surgió esta iniciativa en la agenda de la Cámara, la empresaria dijo que el disparador fue la convocatoria de la Comisión Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal (ley 17188) integrada por el Ministerio de Economía, Ligas de Ama de Casa y la Intendencia de Canelones para pronunciarse sobre un proyecto de inversión del Supermercado El Dorado en la zona de Solymar.
Si bien la gremial tiene una postura de apoyo al desarrollo de la ciudad a través de la promoción de inversiones se dio cuenta a través de este caso puntual, pero que podría aplicarse a otros, de la inconsistencia del proceso de análisis y control de la autorización de las inversiones que muchas veces en el entusiasmo genuino por generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la gente, se realizan esfuerzos fiscales importantes, se flexibilizan los procesos de autorización, pero que en general no se tiene evidencia que arroje un resultado efectivo. A modo de ejemplo, según Soria, no existe mecanismo para constatar que las fuentes de trabajo que prometen las grandes superficies efectivamente se concreten. Agregó que muchas veces se presentan proyectos de inversión que no necesitan de análisis de expertos para concluir que no son viables económicamente. Su rentabilidad no sería posible si no existieran incentivos fiscales o utilidades generadas por negocios financieros en detrimento de la venta específica de productos típicos de un supermercado.
“Reitero no tenemos una política contraria a la promoción de inversiones solo queremos que se analice el impacto de estas, que se cree un plan de mitigación de estas. Que se mida y controle que los proyectos generen un beneficio tangible acorde al esfuerzo que realiza el estado a través de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Nos parece trascendente que las empresas que se instalen sumen y promuevan la identidad canaria y de Ciudad de la Costa en particular.
En este punto, según Soria el empresariado local siempre es el señalado y requerido para el apoyo de las actividades culturales y deportivas por un tema de cercanía, cosa que no sucede en las grandes superficies porque las comisiones barriales no tienen un referente, no tienen forma de contactarse. “Nosotros queremos que todos estos proyectos se integran a la actividad cotidiana de Ciudad de la Costa y en la medida de sus posibilidades se comprometan con un plan de responsabilidad social empresarial concreto”, indicó Soria.
Negociación y propuestas concretas
Finalmente la dirigente gremial valoró la receptividad de la Intendencia para formar una mesa de negociación que deberán sumarse las restantes cámaras y centros comerciales del departamento para preparar un documento con propuestas concretas que luego se integre a los requisitos que se les pide a las grandes superficies para que se autorice su instalación. “Seguramente, agregó, este modelo se amplifique al resto del país porque no es un problema solo de Canelones. Asimismo hay otros elementos para trabajar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, entre otros, concluyó Margarita Soria secretaria de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa.
