El próximo martes la bancada del Frente Amplio definirá si apoya o no el proyecto de ley del diputado frenteamplista, José Carlos Mahía, para regular actividades como la de Uber. Este sábado un adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de una rapiña por parte de un chofer de Uber en Carrasco, que le hurtó el celular y el reloj mediante amenazas, según denunció el joven.
Mahía dijo a Revista Metropolitano que mantiene conversaciones regularmente con el intendente canario Yamandú Orsi sobre este tema. La Intendencia de Canelones ha tenido una postura firme sobre el tema asegurando que sin estar regulada la actividad no se permitirá su funcionamiento en el departamento. De hecho varios choferes han sido multados en Canelones e incluso uno fue procesado luego que intentara agredir a un inspector de tránsito. La Intendencia de Canelones ha retirado chapas y aplicado multas de 35 unidades reajustables ($ 31.700) por transporte remunerado no autorizado, de acuerdo con el decreto 69 de la Junta de Departamental de Canelones. Además los intendentes de Montevideo y Canelones, Daniel Martínez y Orsi, plantearon ante la bancada del Frente Amplio las dificultades que tienen para controlar a la empresa Uber.

“Es una buena propuesta, es innovadora y apuesto a que sea un buen instrumento para articular la economía digital”, dijo el legislador. Mahía también se mostró de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado blanco Rodrigo Goñi, que esta semana le hará saber a sus pares que están prontos para tomar definiciones luego de cumplir la etapa de aprendizaje. Goñi pedirá a todos los miembros de la comisión acelerar los tiempos y dar un primer paso para ordenar la situación.
“Me parece bien que se apure, hace dos semanas que está a estudio de la bancada se espera una definición para el martes, si es favorable lo presentaré formalmente”, indicó Mahía. “Creo que nosotros podemos ayudar con un proyecto de ley que involucra a todos los organismos que tienen potestades en la materia, no es solo la intendencia”
La idea es promover un marco legal que siga estimulando por un lado el desarrollo de la economía digital y por otro que asegure las obligaciones legales que garanticen reglas de juego parejas para todos”, indicó.
El proyecto, de siete artículos, apunta al principio de equivalencia y al régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro, entiéndase medios tradicionales», señaló el legislador.
«En ese marco el artículo cuarto define que tanto las relaciones de trabajo (empleador – empleado) o cualquier otro vínculo generado a partir de la puesta en práctica de las estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes en materias laborales, administrativas, previsionales y tributarias con el objetivo de evitar que estos medios electrónicos sean utilizados para ocultar relaciones de trabajo que en los hechos se generen». También se determina que los titulares de estas plataformas deberán brindar por los mismos medios electrónicos por los cuales se realizan las prestaciones y de manera permanente, fácil y gratuita -tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos estatales competentes en la materia- aquella información que una posterior reglamentación determine con el objetivo de asegurar la transparencia, y las garantías necesarias.