Este martes el Senado con votos del oficialismo aprobó la Ley Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, luego haber ingresado el proyecto de forma grave y urgente.
Ahora el proyecto volverá a la cámara Diputados tras un aditivo incorporado. El proyecto recibió críticas y advertencias de la oposición pero también de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) de Pablo Rosselli, economista socio de Exante, de Martín Bueno, abogado y especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y del periodista especializado en economía Federico Comesaña, entre otros.
Este miércoles APU advirtió que la Ley “violenta libertades de expresión y de prensa, en medio de la campaña electoral”.
En un comunicado manifestó «su más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de una ‘ley de medios’ que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data”, indicó el sindicato de periodistas.
“Esta legislación condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos y gobernantes, lo que constituye un ataque liso, llano y director a la libertad de expresión. El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que hay ha mostrado episodios inéditos y gravísimos”, apunta el comunicado.
Rosselli indicó que el proyecto es “totalmente contrario a libertad de expresión y a los valores republicanos. Un artículo autoritario y sorprendente”, concluyó.
Por su parte Bueno indicó “la coalición no se da cuenta de la gravedad de esta norma. Mete a todo el sistema privado, bajo un sistema de limitaciones a la libertad. ¿Quién define que es ecuánime? Un burócrata, con sellos y sanciones. Y ese burócrata depende del gobierno de turno, un desastre”.
En tanto Comesaña escribió en redes sociales: «el día que este artículo se haga ley, vamos a estar un paso más cerca de la Venezuela que todos los senadores que lo aprobaron, se llenan la boca condenando. Triste, sorpresivo y repugnante desenlace de una Ley de Medios que era pésima y va a terminar siendo infinitamente peor».

Aditivo y artículo eliminado

En el tratamiento en la cámara alta se eliminaron los artículos 51 y 52 del proyecto que vino de Diputados. El primero indicaba que “para el caso de los servicios establecidos en Montevideo y la zona metropolitana, ya sean servicios de televisión abierta, de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en la misma zona, al menos el 60% de la programación total emitida deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción”. El segundo, en tanto, decía que “los servicios de radiodifusión de radio abierta establecidos en Montevideo y la zona metropolitana deberán emitir al menos 30% de música de origen nacional del total de su programación musical, o realizar campañas de promoción de artistas nacionales a los efectos de difundir la cultura nacional”.
Además Cabildo Abierto acordó con los socios incorporar un aditivo sobre el «derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada», una iniciativa que había impulsado en la discusión en Diputados. El aditivo indica que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y fue aprobado sólo con los votos del oficialismo.

El aditivo aprobado añade que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. “Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”, apunta.
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