José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), indicó que en carnicerías tradicionales el precio del pollo ha bajado un 20% desde comienzos de año.
Expresó que pueden existir leves oscilaciones dependiendo de cada comercio, en general el precio del kilo de pollo entero fresco y sin menudos está en $ 159, con ofertas por los cortes más pedidos de tres kilos de muslo por $ 384 y el kilo de suprema entre $ 350 y $ 450, siempre considerando carne aviar nacional, es decir pollo fresco, dijo a El Observador. En cuanto a ofertas de pollo entero congelado, importado, ronda los $ 139 el kilo.
«El precio de compra del carnicero bajó 18% a 20% después de las fiestas de fin de año y los socios de la UVC enseguida comenzaron a trasladar la baja a los clientes», dijo Fernández, quien apuntó que no ha sucedido lo mismo en las grandes superficies, que no han trasladado esta baja. En este sentido Metropolitano pudo constatar por ejemplo, que en una cadena de supermercados la suprema cuesta 659 pesos no entre $ 350 y $ 450.
A su vez la Cámara Uruguaya de Procesados Avícolas (Cupra) emitió un comunicado en el que advierten el no traslado de la baja en el pollo y denunció que “la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”.
«Hoy el pollo vale hasta 20% menos para quien lo produce, pero esa baja no se ve en el bolsillo del consumidor”, señaló Domingo Estévez, presidente de la cámara, quien añadió que “cada vez que hay una pequeña suba salen los intermediarios a denunciarlo, pero ahora que hay una baja importante nadie dice nada y la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”.
Distribuidores
Paralelamente la Asociación Uruguaya de Distribuidores Avícolas (AUDA), en su comunicado indicó que las afirmaciones de Cupra «desconocen el rol esencial que cumplen los distribuidores en la articulación entre productores, industria y puntos de venta; generan confusión en la opinión pública al presentar interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre la dinámica comercial del sector; y afectan injustificadamente la reputación de empresas y trabajadores que operan con profesionalismo y apego a la normativa vigente».