En Canelones, el intendente Yamandú Orsi dijo que no va a sentarse a negociar en tanto Uber no detenga su actividad.
“Yo no puedo sentarme en una reunión a acordar o a negociar con alguien que está cometiendo una ilegalidad flagrante, se estaría incurriendo en un error grave”, sostuvo.
Como informara Revista Metropolitano el viernes pasado la Intendencia canaria comenzó a retirar patentes y poner multas a vehículos de Uber.
“Mañana agarro un camión o un ómnibus y empiezo a llevar gente. Está mal. El sistema de transporte está regulado si las reglas son muy exigentes o exigentes de más, se analiza. Si es necesario flexibilizar porque las nuevas tecnologías así lo exigen, se analiza. Así como arrancamos, está difícil”, sentenció Orsi.
Por su parte el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Joaquín Serra, dijo que la empresa Uber está en deuda con el organismo desde enero por todos los impuestos impagos de sus choferes. Ante esto, aseguró que una vez que la aplicación sea regulada, la DGI irá a cobrar todo lo que está pendiente.

Esta semana la empresa Uber sugirió a sus conductores que regularicen su situación laboral mediante el pago de monotributos o del IVA mínimo. Consultado sobre esto, Serra dijo que Uber «está tratando de eludir su responsabilidad» ya que «es responsable por todos los impuestos impagos de los conductores».

Según explicó Serra, esta nueva disposición fue incluida en la ley de Presupuesto por lo que rige desde el 1° de enero.

De igual modo, Serra explicó que la DGI no puede dar paso a esta actividad hasta que la aplicación sea regulada por los gobiernos departamentales, que son quienes tienen la competencia en materia de transporte.

«Hay un orden de prioridad. Primero esta aplicación tendrá que ser regulada como corresponde a cualquier servicio de transporte de pasajeros y es competencia de los gobiernos departamentales. En segundo lugar vienen las cuestiones tributarias. Si invirtiéramos el orden de los problemas podríamos darle una especie de legalidad al servicio que no la tiene, porque su actividad es regulada por los gobiernos departamentales que son quienes tiene que tomar la iniciativa y definir qué condiciones le van a pedir a este servicio para que funcione», expresó.

El director de la DGI aseguró que una vez que la aplicación sea regulada por los gobierno departamentales, el organismo irá a cobrar todo lo que Uber adeuda. «Vamos a ir y tenemos las herramientas para exigirle a la empresa que pague lo que debe», señaló el jerarca.