El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio a conocer una carta pública dirigida el Gobierno Nacional y la ciudadanía en general donde realiza una dura crítica a la concesión por 60 años en la operativa del Puerto de Montevideo por parte del Gobierno a la empresa belga Katoen Natie. Orsi apunta la situación es grave y que las condiones del contrato “afectan claramente nuestro poder como nación sobre nuestro “mostrador” que es el puerto de Montevideo”. Para el intendente de Canelones el posible juicio de la empresa al Estado “ha pasado casi al olvido, ante lo indefendible del argumento”. Orsi indica que el contrato se firmó “sin consultar a nadie” y agrega que “se está concretando una acción imperdonable de cesión de soberanía, que le hace un enorme mal al país, a su producción y logística y al propio gobierno”. Finalmente pide que se revea el contrato y que “se está a tiempo de corregir”.

Aquí la carta completa:

“El pasado 7 de marzo, luego de escuchar y analizar atentamente el discurso del presidente de la República, en el Parlamento, con motivo del primer año de asumir el mandato, envié una carta pública sobre mis serias preocupaciones por la entrega por 60 años del puerto de Montevideo a una empresa extranjera. Cinco meses después de mi carta, sobre todas las preguntas que formulé en esa oportunidad, he conocido, a través de la reciente interpelación en el Senado, y a partir de los documentos, decretos y contrato que se han dado a conocer, que la situación es más grave de lo que suponía y que todas las respuestas son poco alentadoras para la logística y el comercio exterior, para la soberanía nacional y para el futuro de nuestro país.

Y las confirmaciones más contundentes no fueron formuladas sólo por los senadores de la oposición, ya que incluso desde partidos integrantes de la Coalición gobernante confirmaron que no fueron consultados en ningún momento, ni por las amenazas de un juicio internacional, ni de las tratativas y negociaciones con Katoen Natie , ni del contenido del nuevo contrato firmado. Tampoco tenía conocimiento el directorio de la ANP como establecen las normas. Y digo bien, no se trató solo de una extensión del plazo de las operaciones en TCP, sino de un nuevo contrato, con condiciones nuevas y muy variadas que afectan claramente nuestro poder como nación sobre nuestro “mostrador” que es el puerto de Montevideo.

La propia resolución del Senado, incluye la necesidad de crear un nuevo organismo asesor para el tema de las tarifas y una adenda nada menos para que el Estado uruguayo pueda intervenir en caso de que se quiera vender a otro operador el 80% de las acciones de la Terminal de Contenedores. ¿Es admisible que se hayan olvidado nada menos que de eso en la negociación y la firma del contrato?

Valoro el anuncio que la empresa aceptará que sea el Estado uruguayo quien tendrá que dar su autorización para ante una eventual venta de las acciones de Katoen Natie, aceptando una propuesta de Cabildo Abierto y votada por todo el Senado. Esperamos la redacción definitiva de la adenda, pero es sin duda una buena noticia. Este cambio confirma esta clara deficiencia en el contrato original firmado por el gobierno. Lo cierto que ahora, ya se entregaron 60 años de manejo exclusivo (monopólico) del tráfico de contenedores en el puerto de Montevideo y se le concedió la última palabra en el Reglamento de Atraques, como muy bien señaló el Dr. González Lapeyre, un hecho extremadamente negativo, porque ese Reglamento debe ser de total competencia de la Administración Nacional de Puertos. Se entregaron tierras en Punta de Sayago para construir molinos eólicos, se regaló la acción de oro que le permitía a la ANP tener la capacidad de incidir en las decisiones fundamentales relacionadas al puerto,

A ningún uruguayo, independiente del partido al que pertenezca o incluso sin definición política, creo que le gusta ver cómo se entregan valores y bienes que son fundamentales para el país y que a lo largo de la historia han sido de todos los uruguayos, recibiendo a cambio tan poca cosa. En 1819 los portugueses, a través del Tratado de La Farola, nos dieron un faro para la Isla de Flores como pago por la anexión de territorios. No es lo mismo, lo sé, pero hace ruido cuando aparece tamaña desproporción. La inversión que la empresa deberá realizar por una concesión de 60 años, es parte ya claramente demostrada por su proyecto de vender el puerto al mejor postor. Y las inversiones en dragado que deberemos pagar todos los uruguayos más los descuentos impositivos que recibirá Katoen Natie por la ley de Promoción de Inversiones, muestran claramente que se trata de un gran negocio para la empresa extranjera.

He visto con gran sorpresa que lo que al inicio era casi la única razón para la entrega del puerto, la amenaza de un juicio por 1.500 millones, ha pasado casi al olvido, ante lo indefendible del argumento. El argumento esgrimido acerca de que debemos disputar con puertos del exterior y no dentro de nuestro propio puerto se cae cuando analizamos las tarifas aplicadas en estos años por TCP. Siendo las más elevadas del país y de la región, ponen en evidencia que esa competencia regional nunca ha sido su estrategia. Por cierto, no le ha ido tan mal, si obtuvo anualmente ganancias de 20 millones de dólares durante los 15 años de operaciones y pidió 300 millones de dólares para vender su parte, cuando en el remate compró por 17 millones y en total reconoce haber invertido 97 millones de dólares. Aún el cálculo económico más elemental demuestra que la empresa estuvo muy lejos de sufrir perjuicios, tuvo excelentes beneficios que ahora parecería que quiere “redondear”.

Si se reconstruye el discurso a partir de las palabras del señor Presidente en el Parlamento, queda claro que el anuncio de que ya todo estaba concluido en el mes de diciembre de 2020 era, por lo menos, inexacto, ya que ahora sabemos que recién en abril del 2021 se estaban completando los contratos. Sin consultar a nadie, ni a nivel político ni a los operadores portuarios, empresas y trabajadores. Tengo mis dudas si este acuerdo y los decretos no son anticonstitucionales y estoy convencido que, para firmar ese nuevo contrato, que establece un monopolio, se requiere una ley con mayoría especial en el Parlamento.

Este no es un choque entre dos empresas, como se ha pretendido presentar y si el gobierno hubiera querido tomar los recaudos necesarios dentro de sus potestades legales sobre otras empresas que operan en el puerto, estarían en su legítimo derecho y estaría muy bien. No se hizo, se entregó el puerto por 60 años y corremos el riesgo de quedar atados de pies y manos. Y no importa ni siquiera a quien se concedió, fue a una empresa extranjera y ahí está la gravedad.

Supongo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá algo para decir en este caso o, de acuerdo a cómo evolucione este debate. Quizás la propia justicia deba intervenir para la tranquilidad de todos. En mis años de política y de gobierno asumí una experiencia que considero fundamental: una de las cosas más difíciles e importantes es aprender de los errores. Y que hay que ser riguroso cuando esos errores se acercan o lindan con las desviaciones. No se puede tropezar dos veces con la misma montaña, en particular con aquella que refiere a la ética y la transparencia

Lo otro que aprendí es a tratar de tomar lecciones de nuestra historia, y el puerto de Montevideo que antecedió al nacimiento de nuestra nación es una parte fundamental de nuestra identidad. Por él que lucharon y se enfrentaron para conquistarlo los dos bandos que fundaron la Patria, Además, por su valor estratégico fuimos invadidos por potencias extranjeras. Lamento profundamente, desde el fondo de mi condición de oriental, tener que escribir esta nota, pero no quiero de ninguna manera callarme ante esta página tan confusa, tan entreverada, de nuestra historia política.

En este primer año de mandato, se está concretando una acción imperdonable de cesión de soberanía, que le hace un enorme mal al país, a su producción y logística y al propio gobierno. Se está a tiempo de corregir, y todos los uruguayos sabremos entender. Las grietas no se cavan solamente por las palabras, sino también por los hechos. Y este es un hecho muy grave”, finaliza.