El pasado miércoles una delegación de senadores del Frente Amplio (FA) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el nuevo acuerdo firmado entre el gobierno de Lacalle Pou y la empresa belga Katoen Natie, que opera en sociedad con el Estado una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El FA entiende que es una concesión ilegal, por 50 años más a partir de 2031 y que consolida un monopolio en el puerto de Montevideo.

Ante esto el presidente Luis Lacalle Pou no demoró en reaccioner en redes sociales y publicó: “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”. La reacción presidencial fue criticada por varios actores del FA que la consideracon una presión hacia la Justicia.

Entre ellos, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, escribió en redes sociales: “La división de poderes es sagrada en una república democrática. Que un Presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal. Quien determina las responsabilidades es el Poder Judicial. Aunque no haya sido la intención, es una forma de presión”, expresó el jefe comunal canario..