Luego de la autorización del Ministerio de Ambiente al proyecto Arazatí Neptuno la Federación de Funcionarios de OSE y varias organizaciones sociales emitieron un comunicado en contra de dicho proyecto.
“Como organizaciones que defendemos el derecho humano de acceso al agua potable, consideramos que ha quedado claramente demostrado que el impuesto proyecto Neptuno-Arazatí es violatorio de ese principio”, dice el comunicado y agrega que “viola” las disposiciones constitucionales sobre “consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios”. La eventual puesta en funcionamiento de esta propuesta disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, poniendo en riesgo la salud de la población”, asegura.
Además, con respecto a la inversión económica, el comunicado indica que la situación “limitará a OSE, que no podrá realizar nuevas obras durante los próximos 20 años”. Asimismo, sostiene que implicaría un aumento en las tarifas de OSE.
Por otro lado, se critica que “con el proyecto Neptuno-Arazatí el control de la prestación del servicio de agua potable queda en manos de los privados”. Las condiciones del contrato están desbalanceadas a favor del privado y deja al Estado como garante para afrontar todos los riesgos y sobrecostos del Proyecto. En síntesis, de implementarse el proyecto Neptuno-Arazatí, toda la población pagará más caro por agua de peor calidad”, concluye.
Fracaso social
Carlos Larrosa, presidente de FFOSE, dijo en conferencia de prensa, consignada por MVD Noticias que el proyecto “ha fracasado socialmente, porque todas las organizaciones sociales, sindicales y ambientales han estado en contra”.
El sindicalista criticó su “inconveniencia” y los “impactos ambientales y sociales”. “En una OSE que está fundida, admitido por las propias autoridades del organismo, se pretende hacer un gasto de 57 millones de dólares anuales para alquilar esta infraestructura a un privado. El modelo de negocios es pésimo para el Estado y para nuestro país”, dijo Larrosa.
