La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió el 12 de agosto suprimir a partir del 1° de octubre 20 juzgados de Paz en 12 departamentos del interior del país. La medidas anulará juzgados en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres. En Canelones esta medida supone la desaparición de Juzgados en de Paz en Tala, Migues, Sauce, Los Cerrillos, Soca y Progreso.
Varios legisladores de distintos departamentos efectuaron reclamos y en Canelones los cuatro partidos políticos representados solicitaron una reunión con el presidente de la SCJ para tratar de llegar a un acuerdo y encontrar soluciones a la situación. “Los diputados de Canelones que al final del texto se incluyen, se comunican con usted con el propósito de solicitarle una audiencia presencial a los efectos de abordar la Acordada Nº 8119 del 12 de agosto de 2021 (Circular Nº 92/2021) que reorganiza las comunidades geográficas suprimiendo algunas oficinas, buscando mejorar la distribución de recursos. En nuestra función de legisladores que representamos al departamento de Canelones, recibimos desde algunas localidades preocupación con la decisión tomada en función de la pérdida de la presencia estatal en sus zonas (ahora identificadas como municipios). La intención es saber de primera mano los detalles del proceso, cómo se puede colaborar para mejorar la situación, desde el plano nacional pero muy especialmente local.
Desde ya agradecemos vuestra disposición”, dice la carta firmada por los diputados Alfonso Lereté (PN), Jorge Alvear (PC), Álvaro Perrone (CA) y Ubaldo Aita (FA).
Funcionarios y abogados
La decisión de la SCJ generó el rechazo de varios legisladores oficialistas y de la oposición, del sindicato de funcionarios judiciales y del Colegio de Abogados del Uruguay y exigen que se de marcha atrás con esta resolución. La medida, según la Acordada número 8119 de la SCJ, se debe a una reorganización de los territorios jurisdiccionales con el propósito de mejorar la distribución de los «recursos humanos, materiales y presupuestales existentes». Por su parte los diputados nacionalistas Diego Echeverría (Maldonado) y Mario Colman (Colonia) resolvieron citar de forma urgente al presidente y ministros de la SCJ ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes para que fundamenten su decisión que afecta a sus departamentos.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados, Cecilia Bottino, del Frente Amplio, también manifestó su rechazo. «Convocaremos al Parlamento a los involucrados y afectados, para conocer las razones de la decisión, que afecta a la ciudadanía en el acceso a la justicia”, señaló en su cuenta de Twitter.
