El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este martes de un desayuno organizado por Somos Uruguay, donde expuso los principales enfoques de su gestión frente a la cartera. Acompañado por el asesor en Seguridad Pública Emiliano Rojido y la asesora en políticas penitenciarias, Dra. Ana Vigna, Negro se refirió a la necesidad de abandonar enfoques intuitivos y voluntaristas para diseñar una política de seguridad basada en evidencia científica, datos confiables y análisis riguroso.

“Dirigimos un equipo conformado por gente que ha tenido una destacada militancia social y política, pero también un equipo formado académicamente tanto en Uruguay como en el extranjero”, destacó, al tiempo que señaló que esa doble condición —pluralidad y formación técnica— es “necesaria para atacar los problemas de seguridad desde un punto de vista, si se quiere, científico”.

El jerarca sostuvo que durante las últimas tres décadas las políticas de seguridad han fracasado en su objetivo principal: reducir la delincuencia. Al repasar antecedentes históricos, recordó que con la sanción de la ley de seguridad ciudadana en 1995 “se intentó conjurar todos los problemas de seguridad pública y terminar con la delincuencia en Uruguay, barrer las calles de delincuentes”. Sin embargo, admitió, “no se logró, no se barrió las calles de delincuentes, el fracaso fue estrepitoso y continuado”.

Negro fue enfático al cuestionar la insistencia en recetas punitivistas que, según dijo, se han aplicado una y otra vez sin resultados: “Llegamos al día de hoy donde, reitero, no nos ha acompañado sino el fracaso sistemático de las diferentes fórmulas, que han sido siempre las mismas o muy parecidas”.

El ministro describió una transformación en el escenario delictivo, donde los delitos violentos han cedido espacio a modalidades más sofisticadas y menos visibles. “Hoy la inseguridad se ha metido dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro teléfono, dentro de nuestra casa. Hoy somos todos posibles víctimas del engaño y de la estafa”, advirtió. También mencionó el peso creciente del narcotráfico y la venta de estupefacientes como parte de esta nueva realidad.

Uno de los principales focos de preocupación señalados por Negro fue el aumento de los homicidios. “Han escalado a cifras que son escalofriantes”, sostuvo, y apuntó que Uruguay ha pasado “de cinco o seis homicidios cada 100.000 habitantes por año, a los 11 o 12 que estamos prácticamente teniendo hoy”.

También alertó sobre la proliferación de armas en la sociedad civil: “Estamos entre los países que registran mayores niveles de armas de fuego distribuidas en la sociedad, en un continente que quizá es el más violento del mundo”.

En ese contexto, criticó el rol que han tenido las cárceles, tanto por su ineficacia para contener el delito como por su carácter reproductor de la violencia. “Hoy en las cárceles uruguayas se verifican todos los delitos que ocurren fuera. Hay rapiñas, hay secuestros, hay extorsiones, hay homicidios”, enumeró remarcando que la población alcanzó las 16.000 personas. A eso se suma una reincidencia que calificó de alarmante: “Cerca del 70% de las personas liberadas reinciden en los siguientes tres años”.

En otro pasaje de su intervención, Negro hizo un llamado a superar los discursos vacíos y a encarar el debate con seriedad y compromiso:“Quiero invitarlos a abandonar los gritos de guerra, los eslóganes, los clichés, las frases hechas, para convocarlos a todos y todas a un diálogo serio y responsable sobre, quizá, el principal problema que angustia a nuestra sociedad, que es la seguridad pública”.

Política de Estado

El ministro anunció que, además del trabajo cotidiano, el equipo se ha propuesto construir un Plan Nacional de Seguridad Pública que trascienda el período de gobierno. “Quizá por primera vez desde la reinstauración democrática, debemos abocarnos seriamente a la construcción de una política de Estado”, afirmó.

Para ello, adelantó que se rediseñará el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio, con el fin de dotarlo de mayor capacidad de análisis, transparencia y acceso público. “Tenemos que hacer que esas cifras, esos datos, sean accesibles en forma permanente y a demanda”, expresó. Como complemento, mencionó la utilización de las encuestas de victimización como herramienta clave para conocer la realidad desde la experiencia ciudadana.

“Queremos salir de ese conocimiento intuitivo y voluntarista, y migrar hacia uno basado en evidencia científicamente relevada”, concluyó.

Emergencia y crisis estructural

A su turno, Rojido calificó al escenario de la seguridad pública como “uno de los activos más complejos del país”. Según explicó, en las últimas dos o tres décadas se observó un aumento sostenido de los delitos, con una presencia creciente de modalidades más violentas. Entre ellas, destacó el surgimiento de nuevas formas de criminalidad como las estafas y los ciberdelitos, que “amenazan una faceta de nuestra vida que cada vez más transcurre en línea”.

Rojido también se refirió al colapso del sistema penitenciario uruguayo, que tiene “una de las tasas de profundización más altas del mundo” y niveles alarmantes de reincidencia, cercanos al 70 %. Esto implica que, incluso cuando se logra procesar a los agresores, el sistema no ofrece condiciones adecuadas para su rehabilitación. “El Estado no puede aprovechar esa instancia para rehabilitar porque las condiciones son inadecuadas”, afirmó, y advirtió que esto genera un “riesgo para la proliferación de grupos de crimen organizado”, que ven en las cárceles una oportunidad para reclutar y operar.

“Lo que tenemos es una situación que es, al mismo tiempo, de emergencia y de crisis estructural”, sintetizó. Por un lado, se requieren respuestas rápidas ante la gravedad de los problemas; por otro, se trata de fenómenos crónicos, profundamente arraigados.

Desde el plano político, remarcó que la inseguridad se posicionó como la principal preocupación ciudadana, pero lamentó que el debate público sea pobre y polarizado. Criticó dos hipótesis dominantes que, a su juicio, la realidad ha desmentido: la primera, que mejorar indicadores sociales —como pobreza, desigualdad o educación— conllevaría automáticamente una mejora en seguridad; y la segunda, que basta con aumentar penas y policías para resolver el problema. “Más pena, más policía, más cárcel: ha sido parte del problema y no de la solución”, sentenció.

Asimismo, cuestionó el enfoque cortoplacista, fragmentado y no evaluado de las políticas públicas en materia de seguridad. En este sentido, subrayó que no existe una cultura de evaluación y aprendizaje en la materia, y que muchas de las medidas se repiten sin evidencia de efectividad. “No sucede lo mismo en salud pública ni en economía. A nadie se le ocurre lanzar una vacuna o cambiar la tasa de interés sin estudios previos. En seguridad pública, sí”.

El asesor abogó por romper con la idea de que la seguridad es un asunto exclusivo del Ministerio del Interior. Propuso abordarla de forma integral, con la participación de diversas agencias estatales y también de la sociedad civil: “Queremos colaborar en la producción de seguridad”.

Rojido también alertó sobre los riesgos de no dar respuestas efectivas a los problemas de seguridad: “Cuando la ciudadanía tiene problemas acuciantes y el sistema político no responde, se genera un terreno fértil para soluciones antidemocráticas y fascistas”.

Datos

En la segunda parte de su intervención, presentó datos que, dijo, buscaban ilustrar el carácter estructural del problema. Mostró la evolución de la tasa de homicidios desde el año 2000, con tres escalones marcados: uno cercano a 6 homicidios cada 100.000 habitantes hasta 2011; otro más cercano a 8 a partir de 2012; y un tercer escalón, más reciente, con cifras aún mayores.

Sobre violencia doméstica, indicó que las denuncias muestran un aumento sostenido, con pequeñas oscilaciones. En cuanto a las rapiñas, destacó un pico en 2018 que se mantuvo en 2019, seguido por una baja que llevó a niveles previos. Las estafas, en cambio, “se están imponiendo como una nueva preocupación”, con capacidad de causar daño económico en distintos espacios, no solo en la vía pública. También identificó un aumento sostenido en los delitos vinculados a estupefacientes.

Por último, remarcó que muchos de estos datos aún sorprenden porque “no estamos acostumbrados a verlos, sino a lecturas parciales y comparaciones antojadizas”.

Sin datos, no hay política eficaz

A su turno, Vigna centró su exposición en las fallas estructurales del sistema penitenciario, señalando que “la naturalización de las condiciones deplorables de vida que se dan en la gran mayoría de nuestros establecimientos de reclusión y que también repercuten, obviamente, en las condiciones de trabajo del personal penitenciario”. A su entender, esto impide una intervención técnica orientada a la rehabilitación y al trabajo sobre factores de riesgo de reincidencia.

“Un 30% de las personas que egresan de la cárcel reinciden en los primeros seis meses luego de liberados, con lo cual ese es un momento vital para concentrar nuestros esfuerzos si queremos justamente disminuir los niveles de violencia y criminalidad”, añadió.

Criticó que, a pesar del aumento sostenido del presupuesto en seguridad en las últimas dos décadas, los resultados no han sido satisfactorios, por lo que instó a revisar no solo cuánto se gasta, sino en qué y cómo. En ese sentido, reclamó mejores datos sobre delitos, trayectorias delictivas, uso de armas de fuego y funcionamiento del sistema de justicia penal. También destacó la importancia de contar con encuestas de victimización y estudios longitudinales que permitan comprender mejor los fenómenos criminales.

Vigna enumeró los doce principios que, según la actual administración, deben guiar la política de seguridad: entre ellos, la centralidad del Estado en el ejercicio de la seguridad, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización policial, la focalización de la represión, el control de armas y la atención a víctimas de violencia armada. Recalcó que, sin datos sólidos, sin evaluación de impacto y sin rendición de cuentas, las decisiones carecen de legitimidad y efectividad. También subrayó que el objetivo último debe ser la reducción del daño social provocado por el crimen y la violencia.