La candidatura, encabezada por Daniel Añón, reúne a unas 30 cámaras empresariales de distintos sectores de actividad. Carlos Delfino, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, explicó las principales propuestas y cuestionó la utilización política de una elección que, sostuvo, debe tener un carácter estrictamente gremial.

Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se celebran este domingo 22 de noviembre, tienen entre sus protagonistas a la Lista 30, una candidatura que reúne a un amplio conjunto de cámaras y organizaciones empresariales con el objetivo de alcanzar la representación del sector empleador en el directorio del organismo.

La propuesta, encabezada por Daniel Añón, surgió de un acuerdo impulsado desde la Confederación de Cámaras Empresariales y reúne a unas 30 gremiales de distintos sectores de actividad. La intención es que la representación empresarial contemple las diferentes realidades del tejido productivo uruguayo, desde las micro y pequeñas empresas hasta las grandes compañías.

Comercio, industria, construcción, turismo, agro, tecnología, gastronomía, pesca, actividad portuaria y servicios son algunos de los sectores que confluyen en esta candidatura. Entre las organizaciones que la respaldan se encuentran la Cámara de la Construcción, la Cámara de Industrias, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), CAMBADU, CEDU, las cooperativas agrarias, los centros comerciales del interior y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

«Estamos todos juntos en esta lista porque queremos tener una representación amplia de las empresas», explicó a Metropolitano Carlos Delfino, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales.

El dirigente destacó que la integración procura reflejar la composición real del empresariado uruguayo, donde más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. En ese sentido, señaló que la participación de organizaciones como CAMBADU, CEDU y la Cámara de Comercio permite contemplar las necesidades de empresas de diferentes dimensiones y actividades.

Una elección gremial, no partidaria

Delfino consideró que uno de los principales desafíos de la campaña ha sido evitar que la elección se transforme en una disputa política. A su entender, la designación de los representantes empresariales debe responder a criterios gremiales y a la defensa de los intereses de los contribuyentes.

«No somos una lista política. Esto es claramente gremial. Nosotros queremos estar en el BPS para saber qué pasa dentro del organismo, tratar de mejorar las cosas y representar a los empresarios», afirmó.

En ese marco, cuestionó la utilización de identificaciones políticas durante la campaña y sostuvo que la representación empresarial debe construirse a partir de las organizaciones del sector.

También recordó que en el período anterior las cámaras empresariales no lograron acceder a la representación que pretendían. En particular, manifestó reparos con la actuación del actual director representante de las empresas, José Pereyra, a quien cuestionó por la falta de comunicación y de informes periódicos hacia las gremiales.

Según Delfino, la intención de la Lista 30 es establecer un mecanismo de coordinación permanente entre el director y las organizaciones empresariales, con reuniones mensuales o bimestrales para intercambiar información, analizar problemas y acompañar la gestión.

Simplificar trámites y defender al contribuyente

Entre los principales ejes programáticos figura la reducción de los costos administrativos y la simplificación de los procedimientos que deben realizar las empresas ante el BPS.

La candidatura propone eliminar trámites innecesarios, agilizar las gestiones y ampliar la utilización de declaraciones juradas como mecanismo para facilitar los procedimientos, sin dejar de lado los controles posteriores que correspondan.

Delfino cuestionó especialmente los tiempos de respuesta de algunas gestiones que se inician de manera electrónica, pero que luego quedan sujetas a procesos internos de estudio y derivación que generan demoras y dificultades para los contribuyentes.

«Presentás un trámite en línea y después lo estudia alguien que no está dentro del departamento. Demora tiempo y nadie sabe dónde está. Hay que hacer que el BPS sea más ágil», señaló.

Otro de los planteos consiste en promover la creación de la figura del defensor del contribuyente, con el objetivo de ofrecer un ámbito institucional al que las empresas puedan recurrir cuando consideren que sus derechos no están siendo contemplados o enfrenten dificultades en su relación con el organismo.

La iniciativa busca fortalecer las garantías de los aportantes y establecer un canal específico para atender reclamos y situaciones que actualmente, según el sector empresarial, no siempre encuentran una respuesta adecuada.

Certificaciones médicas: uno de los principales cuestionamientos

Uno de los asuntos que la Lista 30 considera prioritarios es el funcionamiento del régimen de subsidios por enfermedad y las certificaciones médicas de los trabajadores.

Desde el sector empresarial sostienen que el nivel de ausentismo asociado a las certificaciones representa una dificultad creciente para el funcionamiento de numerosas actividades, especialmente en sectores que requieren mantener una dotación estable de personal.

Delfino aseguró que las empresas deben prever cada vez más trabajadores para cubrir los puestos de quienes se encuentran certificados. Como ejemplo, mencionó que en algunos rubros los niveles de certificación pueden alcanzar entre el 20% y el 30% de la plantilla.

«Si necesitás 100 personas, prácticamente tenés que tomar 130 porque tenés un 30% de gente que se certifica», afirmó al referirse a planteos recibidos desde el sector de la industria frigorífica.

También mencionó las dificultades que enfrentan los supermercados y otros establecimientos comerciales, donde la ausencia de varios trabajadores puede afectar directamente la operativa diaria.

La propuesta apunta a fortalecer los mecanismos de control del BPS y promover una mayor coordinación entre los médicos del organismo y los profesionales de las instituciones de asistencia médica, para evaluar la pertinencia de los períodos de certificación.

Delfino hizo especial referencia a las certificaciones vinculadas a problemas de salud mental y a los procedimientos para determinar la continuidad de situaciones de incapacidad laboral. En ese sentido, cuestionó los plazos que, según indicó, deben transcurrir antes de que una empresa pueda solicitar una junta médica para evaluar determinados casos.

«No puede ser que una empresa tenga que calcular entre un 20% y un 30% más de personal por los trabajadores que están certificados», sostuvo.

Desde la candidatura consideran que es necesario revisar los mecanismos existentes, fortalecer los controles y garantizar que los subsidios se otorguen de acuerdo con las situaciones médicas correspondientes, sin desconocer los derechos de los trabajadores.

Más empresas formalizadas y una base mayor de aportantes

Otro de los objetivos centrales es impulsar la formalización de empresas y trabajadores que actualmente desarrollan su actividad fuera del sistema.

La Lista 30 plantea que es necesario simplificar los requisitos y procedimientos para facilitar el ingreso a la formalidad, además de generar incentivos que hagan conveniente ese proceso para quienes hoy trabajan en la informalidad.

Delfino sostuvo que ampliar la cantidad de empresas y trabajadores que realizan aportes permitiría fortalecer la base de cotizantes y contribuir a la sostenibilidad financiera del organismo.

«Cuantos más seamos los que aportamos, aunque paguemos menos individualmente, mejor. La idea es facilitar y simplificar los trámites para que las empresas y los trabajadores puedan formalizarse», explicó.

La propuesta también incluye mejorar la gestión del organismo mediante criterios profesionales, transparencia y diálogo entre las autoridades, los contribuyentes y los distintos sectores de actividad.

En esa línea, se plantea la necesidad de establecer criterios comunes para las inspecciones que se realizan en los establecimientos comerciales y empresariales. La intención es elaborar un protocolo que determine con claridad qué documentación y requisitos puede solicitar un inspector, cuáles son sus atribuciones y cuáles son las obligaciones de las empresas.

«Queremos que esté por escrito qué es lo que puede pedir el BPS y qué es lo que no. Que tanto el organismo como las empresas tengamos claro cuáles son las reglas», indicó Delfino.

El planteo también apunta a evitar diferencias de criterios entre dependencias del interior y Montevideo, y a brindar mayores garantías tanto a los inspectores como a los contribuyentes.

Reducir el gasto en asesores

La utilización de los recursos destinados a los directores sociales del BPS es otro de los puntos que la candidatura incorporó a su plataforma.

Según explicó Delfino, cada director dispone de una partida para contratar asesores que equivale a un sueldo y medio de un ministro, estimada en unos $ 600.000 mensuales.

La Lista 30 propone utilizar esos recursos únicamente cuando exista una necesidad concreta de asesoramiento técnico o profesional, por ejemplo, ante un asunto jurídico que requiera la intervención de un especialista.

El planteo no supone renunciar a esa partida, sino evitar que se utilice de manera permanente o para conformar equipos de asesores que, a juicio de la candidatura, no siempre resultan necesarios.

«No vamos a decir que no vamos a usar esa plata. Si precisamos un abogado, un penalista o un asesor por algún problema concreto, lo vamos a contratar. Pero nos parece un disparate que cada director tenga esa cantidad de dinero todos los meses para asesores», sostuvo.

La intención es reducir gastos y contribuir a un uso más eficiente de los recursos públicos, sin comprometer la calidad del trabajo que debe desarrollar el representante empresarial.

Una lista con representación de distintos sectores

La candidatura está encabezada por Daniel Añón, quien presidió durante 15 años la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). El segundo lugar corresponde a Daniel Fernández, actual presidente de CAMBADU; el tercero a Leonardo Slinger, abogado de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; el cuarto a Aline Bisio, presidenta del Centro Comercial de Salto e integrante de la directiva de CEDU; el quinto a Gabriel Capurro, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), y el sexto a Enrique Padial, presidente del Centro de Farmacias del Uruguay.

La integración procura contemplar diferentes realidades empresariales y productivas, desde pequeños comercios hasta grandes empresas, así como sectores industriales, comerciales y agropecuarios.

Desde la Lista 30 sostienen que el objetivo es que el representante empresarial no actúe de manera aislada, sino que mantenga una coordinación permanente con las organizaciones que respaldan la candidatura.

La aspiración, concluyó Delfino, es que las empresas encuentren en el directorio del BPS un espacio donde plantear sus dificultades, canalizar sus reclamos y participar en la búsqueda de soluciones.

«Necesitamos una representación en el BPS para que, cuando los comerciantes, sean chicos, grandes o medianos, tengan un problema, sepan dónde ir y encuentren una puerta abierta para plantear las cosas».