Entrevistamos a Fabián Andrade, que forma parte de 90 empresarios del taxi, nucleados en la Asociación de Permisarios del Taxi de Canelones (APTC), y que según pudo saber metropolitano, han solicitado una reunión a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes por la situación que están atravesando. Andrade también es edil de Canelones por el partido Colorado
Dicha reunión será con la Comisión este miércoles 8 de abril a las 12 hs., en el anexo del Palacio Legislativo.
Cabe recordar que se regularizaron en Canelones aplicaciones como UBER y Cabify. La Asociación de Permisarios del Taxi de Canelones se basa en un estudio de la Universidad Catolica del Uruguay que evaluó que dentro de las plataformas digitales de reparto y transporte de pasajeros Uber, Cabify, PedidosYa y Rappi no cumplieron con los “estándares mínimos de trabajo justo”. La calificación se basa en cinco dimensiones —pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa— y combina investigación documental con entrevistas a trabajadores, líderes sindicales y representantes de las propias plataformas. Los resultados son contundentes: cuatro de las cinco plataformas —Uber, Cabify, PedidosYa y Rappi— no obtuvieron ningún punto sobre 10 posibles, es decir que no pudieron demostrar el cumplimiento de “estándares mínimos de trabajo justo” en ninguno de los principios evaluados. La Ley 20.396 promulgada el 13 de febrero de 2025 en Uruguay, establece niveles mínimos de protección para trabajadores de plataformas digitales (reparto y transporte). La norma, reglamentada por el decreto 145/025, regula transparencia algorítmica, seguridad, salud y derechos colectivos. Los permisarios de taxis indican que no se cumple esta Ley y piden que gobierno e intendencia la apliquen.
Apuntan que estas aplicaciones están fuera de todas las normas legales de la Organización Internacional del Trabajo aceptadas por Uruguay y las leyes laborales nacionales, violando incluso la Constitución de la República. Indican una profunda preocupación, y advierten que se encuentran en riesgo los ingresos de muchas familias de trabajadores canarios; nuestra fuerza laboral se estima en más de 500 puestos de trabajo por contratación directa (choferes, telefonistas, administrativos) y otros muchos puestos laborales que se generan de manera indirecta (técnicos, aparatistas, mecánicos, electricistas, etc.).
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