Siete de cada diez empresas de la industria manufacturera disminuyeron sus ventas en marzo, impactadas por las crisis del coronavirus (COVID-19), según una encuesta realizada por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). El relevamiento abarcó a 122 empresas del sector, reveló que el 69% de los encuestados mencionó haber reducido sus ventas, 17% las mantuvo dentro de lo esperado mientras que 13% las aumentó. La mayor afectación la experimentaron las pequeñas y medianas empresas (Pymes). El 87% de las empresas prevé que sus ventas se reducirán en abril respecto a sus expectativas anteriores a la crisis del COVID-19.  Dentro de ese porcentaje el 64% espera que se disminuyan significativamente, mientras que el 22% espera una reducción leve.  Particular afectación evidencian las empresas de vestimenta y calzado, por baja de ventas en retail, proyectando dificultades para producir para la próxima temporada. Frente a esta situación, las empresas se han visto obligadas a tomar decisiones que impactan las fuentes laborales.  El 74% de las empresas prevé enviar próximamente a parte de su plantilla de empleados al seguro de desempleo. Cuarta parte de este total prevé utilizarlo para más del 50% de su personal.  Las Pymes, las empresas orientadas al mercado interno son menos optimistas que las empresas grandes y las exportadoras para mantener su plantilla de trabajadores en un futuro. Adicionalmente, el 51% de las empresas tiene algún porcentaje de su personal que no concurre a trabajar por estar en cuarentena o afectación sanitaria similar. En su mayoría no supera el 10% del total de la plantilla. El 64% de las empresas mencionó que está teniendo impactos significativos en su capital de trabajo. El 18% de las empresas reporta impactos leves. Dentro de las medidas de política económica para hacer frente a la crisis, las más mencionadas fueron: líneas de crédito, descuento de cheques con tasas preferenciales, la postergación de vencimientos tributarios y de pago de tarifas públicas, el pago en fecha de deudas del Estado y empresas públicas, y la cobertura financiera para cheques sin fondo. Las restantes medidas solicitadas, ordenadas en importancia y cantidad de menciones fueron: facilitación al seguro de desempleo, reducción de tarifas, exoneración de multas por incumplimientos contractuales con el sector público, aumentar compras de productos nacionales por parte del Estado y sus empresas, mantener la libre circulación de mercaderías, particularmente con la región, implementar medidas de flexibilidad laboral y aplazamiento de pago de alquileres.